Amplían debate por la Prórroga de Contratos Hidrocarburíferos en Río Negro

En el encuentro participaron legisladores, cámaras empresariales del sector, sindicatos afines y superficiarios propietarios de las tierras donde se desarrolla la actividad hidrocarburífera. La semana pasada, la comisión se reunió en Viedma con intendentes de varios municipios, quienes aportaron sus perspectivas en relación al proyecto. Hoy también hubo presencia de autoridades municipales de localidades cercanas.

Cabe recordar que se trata de una prórroga de los contratos vigentes, que abarca el 75% de las concesiones de explotación. Son 21 contratos con 9 operadoras cuyo vencimiento varía según el caso entre 2025 y 2028. “Nos adelantamos un par de años porque vemos que la situación es crítica en cuanto a las inversiones y a la producción. Buscamos sostener la actividad y las inversiones”, explicó la titular de la Secretaría de Hidrocarburos, Mariela Moya.

Al comienzo del encuentro, la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó la importancia del momento para el sector hidrocarburífero rionegrino y manifestó que “para la Provincia significa la oportunidad de poder acelerar el proceso de inversiones en el sector con el fin de recuperar y detener el declino natural que tienen nuestros yacimientos, que son de características maduras”.

“En lo que nos estamos focalizando en este proceso pretendido por la Provincia no es tanto en el bono que se pueda percibir sino en recuperar niveles de inversión para reactivar la producción de gas y petróleo, con más trabajo para las rionegrinas y rionegrinos, con más desarrollo en las empresas de servicio del sector. Eso va a redundar en un beneficio general para toda la región”, apuntó.

En cuanto a los ingresos generados por estas prórrogas ya se indicó al momento de la presentación pública del proyecto de prórroga, que serán destinados a mejorar las prestaciones de salud, seguridad e infraestructura, con una participación especial para las comisiones de fomento.  

La iniciativa también contempla incentivos para fomentar la producción incremental y otros proyectos específicos de inversión, asegurando la responsabilidad ambiental y la prioridad en la contratación de mano de obra local.